El PP acorda baixar al 4% a les seves CCAA l'impost per comprar un habitatge de segona mà a joves

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo medidas para favorecer la compra o alquiler de vivienda en la cumbre del partido celebrada en Asturias, entre las que ha destacado un acuerdo con los presidentes autonómicos de su formación para rebajar al 4% en sus territorios el impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes.

También proponen desde el PP facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100% de la totalidad del precio de la vivienda; y rebajar la fiscalidad de la vivienda, aligerando cargas impositivas relacionadas con el mercado de la vivienda, tanto en sus procesos de creación, como en las transmisiones.

Feijóo ha afirmado que desde el PP van a rebajar los impuestos "a todos". "Vamos a rebajar los impuestos a quien compre una vivienda. Vamos a rebajarlo a quien alquila la vivienda y vamos a rebajarlo también a quien arrienda la vivienda", ha añadido.

"Estamos hartos de que nos frían impuestos y tener trabas y más trabas para intentar sobrevivir. La mayoría ve que la calidad de su vida está decayendo", ha dicho durante su intervención en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, señalando el objetivo del PP de bajar impuestos "a todos" para favorecer el acceso a la vivienda, derogar una Ley de Vivienda que califica de "intervencionista", impulsar una nueva 'Ley del Suelo' y una 'Ley contra la ocupación ilegal', con un servicio de atención a las víctimas de la ocupación.

Bajo el lema 'La política que sirve' Feijóo y sus 'barones' consideran que la vivienda es "un grave problema en España" y "lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados, con sueldos bajos y el paro juvenil más alto de Europa". "Lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas. Y lo saben los promotores que conocen las trabas", ha añadido.

Así, desde el PP plantean en su 'Declaración de Asturias' diez medidas como "arranque del Plan Nacional de Vivienda" que presentarán en las próximas semanas.

Para ello, se comprometen a aplicar incentivos fiscales para dinamizar el mercado "centrados sobre todo en colectivos diana: jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas o monoparentales, víctimas de violencia de género, municipios con riesgo de despoblación, cascos históricos y núcleos rurales".

Además, apuestan por promover desde la administración la construcción de vivienda en alquiler asequible a un precio hasta un 30% por debajo del mercado, mediante cesión de derechos de superficie o concesión administrativa sobre suelos públicos; a movilizar suelo público, tanto patrimonial como demanial, con destino a fórmulas de promoción de vivienda pública, social y asequible, en alquiler o en propiedad; y a fomentar la vivienda de protección (o de precio tasado) en propiedad, flexibilizando el marco regulatorio para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), públicas y privadas, destinadas a ese amplio espectro de la sociedad que no es beneficiario de una vivienda social, pero encuentra dificultades para acceder a una vivienda libre.

También quieren ofrecer incentivos a promotores y constructores para el desarrollo de actuaciones de vivienda protegida, "recuperando el modelo de éxito que permitió hacer una España de propietarios en los años 80 y 90".

Consolidar un mercado abierto es otro objetivo del PP para favorecer "la simplificación administrativa y normativa, y reducir la burocracia".

'DECLARACIÓN DE ASTURIAS'
La 'Declaración de Asturias' apela a una "política útil que sirva a los intereses de los españoles" con acuerdos en vivienda, mercado abierto y simplificación administrativa.

Desde el PP, constatan "la parálisis del Gobierno central, cuyos problemas internos de corrupción y división impiden una acción ejecutiva real" y proponen "reformas urgentes relacionadas con la productividad y competitividad de la economía, el acceso a la vivienda, la inmigración irregular, la falta de oportunidades de los jóvenes, la sostenibilidad y calidad de los servicios públicos, la optimización de la Administración y el reparto competencial, o seguridad y defensa".

Reivindican la lealtad institucional y sostienen que "cualquier nuevo modelo de financiación debe ser acordado en el CPFF y la AIReF debe participar de su análisis, frente a chantajes y bilateralidades que van en perjuicio de todos".

"Rechazamos cualquier privilegio económico en la reforma del sistema de financiación autonómica y local que rompa la caja común. Como representantes de los gobiernos autonómicos del 70% de los españoles, y como ya dimos cuenta en el Acuerdo de los 14 firmado el 6 de septiembre de 2024, reiteramos nuestra petición de paralizar cualquier avance hacia la independencia fiscal solicitada por el separatismo. Pedimos la inmediata convocatoria de un CPFF que aborde con carácter monográfico el nuevo sistema de financiación autonómica", apuntan los líderes del PP en la declaración.

También señalan la necesidad de que España cuente "con una política fiscal que sirva para captar inversión, mejorar la competitividad y la productividad e incrementar la renta de las familias" y de forma específica, creen necesario "recuperar en el año 2025 el IVA reducido a alimentos básicos, incluyendo la carne, el pescado y las conservas".

SEPARACIÓN DE PODERES
En séptimo lugar, defienden "la separación de poderes y la libertad de prensa y de expresión hasta las últimas consecuencias", alertando "de la deriva antidemocrática que ha emprendido el Gobierno central contra la libertad de prensa y contra la justicia".

"España no puede normalizar los señalamientos a jueces y periodistas, ni avalar cambios normativos que persigan la impunidad judicial de personas afines al Gobierno. Todos somos iguales ante la ley", argumentan desde el PP, para añadir que el país "necesita que la limpieza y la honestidad vuelvan al centro de la vida pública", haciendo mención a "los casos de corrupción en el entorno del Gobierno, del partido y de la familia del presidente" y que "están lastrando seriamente el prestigio de la nación y atacando la credibilidad de las instituciones".

Asimismo, reclaman "respeto a la legitimidad de la mayoría parlamentaria, sea ésta favorable al criterio del actual Gobierno central o no". "Es intolerable que decisiones aprobadas en el Congreso de los Diputados y en el Senado sean sistemáticamente incumplidas por el Ejecutivo o que se torpedee el debate de iniciativas presentadas por el primer partido de España", dicen, apuntado el riesgo de "ir más allá de intentar gobernar sin el Parlamento, para pretender secuestrarlo con el afán de evitar la alternancia política".

Además, en la 'Declaración de Asturias' censuran "la colonización institucional y el uso de recursos públicos para fines partidistas porque también es una forma de corrupción".

"La calidad democrática se ve resentida cuando instituciones públicas como la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Ministros, la Abogacía del Estado, el CIS, el Banco de España o RTVE, entre otras, actúan al servicio de los partidos gubernamentales. Advertimos de la cruzada que ha emprendido el Gobierno central contra el pluralismo político, utilizando con descaro los recursos de todos para hacer oposición al PP", dicen.

El documento, que hace mención expresa a la situación de la vivienda y a la política migratoria, también aborda la defensa de las democracias en todo el mundo y con el proyecto común europeo; e incorpora el compromiso de los firmantes a continuar con estas reuniones periódicas "para seguir tratando los principales problemas de los ciudadanos y buscar soluciones comunes a ellos".