El tribunal imposa 2.500 euros de multa a Baños i Reguant

 

El tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya ha acordat aquest dimecres la imposició d'una sanció de 2.500 euros per a cadascun dels exdiputats de la CUP que s'han negat a respondre, Antonio Baños i Eulàlia Reguant, a les preguntes que li anava a realitzar l'advocat de l'acusació popular exercida per Vox, la qual cosa és obligatori per als testimonis.

Segons han informat fonts jurídiques, els exdiputats tenen cinc dies per a pronunciar-se i comunicar al tribunal si persisteixen en la seva decisió de no contestar. Si es retracten, tornaran a ser citats un altre dia; en cas contrari, es deduirà testimoniatge del seu comportament per un delicte de desobediència greu, la qual cosa consisteix a remetre a un jutjat ordinari de Madrid les actes de la sessió. Serà aquest jutge el que decideixi si obre una recerca.

L'obligatorietat dels testimonis a contestar a les preguntes de totes les parts personades en un procediment judicial està regulada en l'article 420 de la Llei d'Enjudiciament Criminal (Lecrim) i, segons fonts jurídiques, pot ser penat amb fins a un any de presó o una multa de fins a 18 mesos per un delicte de desobediència.

La decisió en el cas de Baños, que ha obligat el tribunal a parar la sessió durant uns minuts, s'ha pres després que aquest s'hagi mostrat també en contra d'una solució inèdita amb la qual el president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ha tractat de salvar la situació, proposant-li que contestés a les preguntes de l'advocat Javier Ortega Smith, però replicades pel propi jutge.

Tot ha començat quan Baños ha entrat en el Saló de Plens --en passar al costat dels acusats ha encaixat la mà a Jordi Cuixart i ha fet un gest en l'espatlla de Josep Rull-- i s'ha assegut a la taula reservada per als compareixents, enfront dels set magistrats del tribunal. Allí, ha donat les seves dades sobre la seva situació personal i a continuació el president li ha informat que havia de contestar en primer lloc a les preguntes de l'acusació popular perquè és aquesta la que va sollicitar la seva declaració.

"POR DIGNIDAD DEMOCRÁTICA Y ANTIFASCISTA"

Ha sido en ese momento cuando Baños ha comunicado al tribunal que no quería contestar a Vox "por dignidad democrática y antifascista". Marchena le ha aclarado que "ese derecho" a no responder "sólo lo tienen los acusados" y le ha informado de que él es "un tercero que tiene información útil para alguna de las partes" y "no tiene derecho" a negar esa información a la sala.

"Nadie va a interpretar sus respuestas como una adhesión a un partido político contrario a su ideario. Es un ciudadano que puede contribuir al esclarecimiento del hecho. Sepa que el no responder a las preguntas puede tener consecuencias penales para usted que el tribunal no quiere poner en marcha. Si se niega, tiene que asumir esa posibilidad", ha explicado, tras lo cual ha añadido: "Le garantizo que su dignidad democrática no está condicionada".

Siempre sonriente, Baños ha dicho que asumía ese riesgo y se ha mantenido en su posición de no contestar a Vox. Tras consultar con su compañero de tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, Marchena ha dado al testigo una fórmula alternativa: que Ortega Smith expusiera su pregunta y después el propio presidente la replicara, y el abogado de Vox ha estad

o de acuerdo.

Así, durante unos segundos se ha producido en esta octava sesión del juicio una situación inédita en los tribunales y también algo cómica al tener que repetir Marchena la primera pregunta que ha sido formulada a su vez en voz alta por el abogado de Vox, que ha versado sobre en qué periodo fue diputado de la CUP en el Parlament.

DEBATE EN EL TRIBUNAL

Ha sido al darse cuenta de que Vox iba a formular sus preguntas en voz alta y Marchena las iba a repetir cuando Baños ha insistido en que no quería responder a este abogado, por lo que el magistrado ha cortado el interrogatorio unos instantes para decidir con sus compañeros sobre qué hacer. Casi todos los jueces se han dirigido entonces al presidente para darle sus opiniones al respecto.

Sólo un par de minutos después se ha retomado la vista y Marchena ha anunciado al exdiputado que el tribunal iba a proceder a dejar constancia en el acta de la sesión de su decisión de negarse a contestar. "No me niego a contestar a la presidencia", ha replicado Baños, tras lo cual el presidente le ha interrumpido y, de forma muy tajante, ha terminado la conversación: "Lo que ha dicho está muy claro; la solución que le he ofrecido está muy clara".

Así, ha pedido a Baños que saliera de la sala y ha pedido a la agente judicial que llamara a la siguiente testigo, la también exdiputada de la CUP Eulalia Reguant. Tras informar de sus datos al tribunal, ha pedido poder declarar en catalán y también ha comunicado su intención de negarse a contestar a Vox, partido al que ha definido como "de extrema derecha, machista y xenófobo".

Así, Marchena ha hecho a la testigo la misma advertencia que a Baños, y es que negarse a responder podía incurrir en responsabilidades penales. Ella ha confirmado que se mantenía en su decisión, por lo que el magistrado le ha pedido igualmente que saliera de la sala. El tribunal ha pasado entonces a llamar a la siguiente testigo, la última del día, la expresidenta del Parlament Nuria de Gispert.

"NO PERMITO SER INTERROGADO POR UN GRUPO FASCISTA"

Tras salir del Supremo, Baños ha relatado a los periodistas lo ocurrido dentro del Salón de Plenos justificando su negativa a contestar a Vox en el "respeto a la lucha feminista, a los derechos del colectivo LGTBI, por dignidad a la lucha antifascista y por dignidad democrática". "Yo no permito ser interrogado por un grupo fascista", ha manifestado.

El exdiputado ha explicado que tras señalarle Marchena que podría contestar a través del tribunal, "el señor de Vox continuaba hablando", y que cuando él "simplemente ha preguntado" si eso significaba que era este partido el que preguntaba, los magistrados han hecho un receso y cuando han salido le han dicho que podría irse a casa. "Cosa que agradezco mucho", ha puntualizado.

Finalmente, ha restado importancia a las consecuencias que pueda tener lo ocurrido en el juicio: "Comparado con un año de prisión preventiva o las condiciones en las que están declarando los presos políticos catalanes, sería de una frivolidad insultante".